Brazil's President Dilma Rousseff attends a meeting of the Brazilian Forum on Climate Change in Brasilia June 5, 2013.      REUTERS/Ueslei Marcelino/Files.        SEARCH "Files Rousseff" FOR ALL IMAGES

El impeachment a Rousseff y el samba enredo

La caída de Dilma Rousseff es un verdadero samba enredo, pero en este caso la fiesta tiene un final incierto y, si se quiere, hasta impredecible

Desde la llegada de Inacio Lula Da Silva al poder en 2003, Brasil pareció vivir una fiesta. Alrededor de 40 millones de personas abandonaron la pobreza, la economía creció a un ritmo sorprendente, se encontraron enormes reservas de petróleo y el país ganó un protagonismo inédito en el mundo: organizó un Mundial de fútbol, le ganó al primer mundo el derecho de organizar los juegos olímpicos de 2016 y se transformó en un actor central en el bloque de los BRICS, una organización de países (que integran además China, India, Rusia y Sudáfrica) que se propuso plantear un nuevo orden económico.

Pero a partir de 2011 el samba enredo empezó a sonar mal. Las denuncias de corrupción que pesaban sobre el gobierno de Lula (el escándalo conocido como mensalao y que implicó el soborno por parte del partido de gobierno para conseguir apoyo de parlamentarios a medidas que consideraba estratégicas), comenzaron a ganar las calles y a complicar la presidencia de la recién llegada Dilma Rousseff, delfín político de Lula.

La nueva presidente no eludió el desafío y aún poniendo en peligro los equilibrios dentro de su propio partido, impulsó una política anticorrupción que le costó el cargo a varios ministros, en especial cuando se descubrieron irregularidades en el manejo del dinero vinculado a la organización de la Copa del Mundo. Esas medidas encontraron el apoyo de la población que había llegado a manifestarse en las calles de forma masiva contra los corruptos. Sin embargo, la armonía duro poco porque en 2013 regresaron las protestas a las calles esta vez en reclamo por los aumentos del transporte público, la corrupción y los gastos excesivos que provocaron el Mundial y los Juegos Olímpicos.

Pese a las promesas de reforma política de Rousseff, la presidenta ya no fue capaz que tomar la iniciativa. Para colmo un año más tarde estalla la maldición del petróleo. El llamado petrolao es un caso de corrupción en el que las principales constructoras del país (Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, por ejemplo) incurren en sobornos a altos funcionarios de Petrobras, empresa petrolera estatal que había aumentado sus inversiones en infraestructura a raíz del descubrimiento de grandes reservas de crudo en aguas profundas.

Como extensión de este caso comenzó el Lava Jato, una operación judicial a gran escala contra la corrupción con características similares al Mani Pulite que se dio en Italia de la década de 1990. Tal como sucedió en el caso italiano una parte importante del sistema político se vio involucrado gracias a las denuncias de los arrepentidos. El juez Sergio Moro es el principal protagonista de esta campaña contra la corrupción, que tuvo su giro más dramático cuando el ex presidente Inacio Lula Da Silva, fue conducido a declarar ante la justicia en calidad de informante. Sin embargo, sobre el ex mandatario pesa la sospecha de haber recibido dinero por parte de algunas de las empresas vinculadas en el escándalo.

Para entonces Rousseff ya estaba jugando a la defensiva y con poco margen de error, en especial porque la amenaza de un impeachment ya pendulaba sobre su cabeza. Entonces la mandataria jugó resuelta en defensa de Lula al que le ofreció un cargo ministerial con el fin de obtener inmunidad ante la justicia. La jugada no cayó bien ante la opinión pública y así consumió el escaso  crédito que le restaba ante la ciudadanía. Los dados ya estaban rodando en el paño.

Salida constitucional o golpe

El deterioro de la imagen de la presidenta era tan importante que cuando el parlamento activó el mecanismo de impeachment, que terminó con la suspensión de las funciones de Rousseff el 12 de mayo de 2016, para la mayoría resultó ser la lógica conclusión de un final anunciado. Pero en medio de tantos escándalos simultáneos, las razones de la salida de la presidenta parecieron confundirse ante la opinión pública.

En primer lugar hay que aclarar que Rousseff no fue destituida por el Lava Jato u otro caso de corrupción, sino que el proceso se le inició por la sospecha de haber maquillado el déficit presupuestal para mostrar un equilibro en las cuentas públicas que no era tal, lo que significaría que la mandataria incurrió en un delito fiscal.

En conclusión, pese a la implicación del gobierno de Lula en casos de corrupción y a las denuncias que afirman que dinero del petrolao financió la campaña de reelección de Rousseff, lo cierto es que la presidenta fue suspendida debido a la denuncia de manipulación de las cuentas públicas y no debido a una acusación de corrupción. Por el momento, la mandataria se encuentra suspendida por 180 días mientras se produce el juicio político en el senado y su caro es ocupado por el vicepresidente (y enemigo político de Rousseff) Michel Temer. Si al cabo de esos seis meses los dos tercios del Senado la encuentra culpable, entonces la presidenta será privada del cargo de forma definitiva. Lo que pone en peligro la continuidad de la presidencia de Rousseff es el amplio margen con el que el Senado aprobó la suspensión y que, se supone, esta tendencia se mantendrá en juicio contra la mandataria por lo que se da por resuelta su destitución.

En este punto es donde las aguas se dividen entre quienes los que defienden la legalidad de la medida y los que ven un golpe de Estado.

Para quienes votaron la suspensión de la presidenta, el proceso de impeachment se ajusta al marco constitucional porque la manipulación de la cuentas públicas implica una violación de la ley de Responsabilidad Fiscal. La denuncia que derivó en la suspensión de Rousseff fue presentada por tres juristas entre los que destaca el anciano Hélio Bicudo, un político de 93 años vinculado a la defensa de los derechos humanos y fundador del Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff. El que la denuncia haya surgido desde un hombre con estas credenciales fue un regalo del cielo para la desprestigiada oposición, salpicada por los casos de corrupción. En una entrevista concedida a la BBC después de presentar su denuncia Bicudo argumentó que la mandataria incurrió en una ilegalidad “en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”. Aunque especialistas señalan que estas practicas financieras fueron utilizadas en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Lula, los detractores dela presidenta señalan que en el gobierno de Rousseff su practica fue más que extendida.

Ante estas denuncias la presidenta no duda en señalar que el proceso de impeachment, no es más que un golpe de Estado. Tras la suspensión Rousseff inició su campaña de defensa pública a través de las redes sociales y no dudó en calificar de ilegal el proceso en su contra. “Pretendo comparecer y responder sobre las razones que llevan a este proceso, con las cuales tengo un profundo desacuerdo. Nosotros consideramos que no hay base jurídica para este proceso. Y por eso este impeachment es un golpe”, afirmó en su cuenta de Facebook. La defensa de la mandataria se centra en que no hay pruebas directas que la vinculen con las prácticas denunciadas. Pero hay quienes señalan que aunque el maquillaje de las cuentas haya existido, el proceso de impeachment es un castigo excesivo para la presidenta. Entre estos se encuentra el intelectual estadounidense Noam Chomsky quien en una entrevista con Democracy Now! afirmó que si bien la manipulación de las cuentas “tal vez sea una práctica ruin de alguna manera, pero no justifica un impeachment” y dio un paso más: “En verdad, la única líder política que no robó para enriquecerse está siendo destituida por una banda de ladrones que hicieron precisamente eso. Eso para mi cuenta como un golpe blando”.

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